El
proyecto de Ley de Universidades que vetó el Presidente Hugo Chávez el
04 de enero de 2011, fue resucitado en la normativa laboral que en estos
momentos discuten los sindicatos Fenasinpres, Fetrauve y Fenastrauv y
el Ministerio del Trabajo.
En el documento reaparece el término “Trabajador Docente” que
pretende derogar la actual calificación de los académicos. En la
cláusula 1, apartado 5.1 se definen las siguientes categorías: Docentes
Ordinarios y contratados. Auxiliares Docentes: Ordinarios y Contratados y
Docentes Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes.
“Es una flagrante violación de la Ley de Universidades que define
la carrera académica por categorías: Instructor, Asistente, Agregado,
Asociado y Titular. Se pretende generalizar y perder la jerarquía y la
meritocracia”, apuntó Keta Stephany, directiva de la Fapuv.
Esa normativa pretende pasar por encima de la Ley de Universidades al regular aspectos de la academia”
Otro elemento que enciende las alarmas es que las universidades
dejan de ser los patrones rol que asumiría el Ministerio de Educación
Universitaria. “Los rectores, como autoridades, son los patrones tal
como lo definen las actas convenios”.
Esa normativa pretende pasar por encima de la Ley de Universidades al
regular aspectos de la academia”, afirmó el asesor jurídico de la
Apucv, León Arismendi.
A juicio de Carlos López, presidente de Fetrauve y Orlando Zambrano (
Fenastrauv), la normativa busca igualar a los tres sectores “para que
no haya injusticia”, de ahí que siendo sindicatos el patrono es el
Ejecutivo. La calificación de “trabajadores universitarios” busca
igualar a quienes laboran en las instituciones.
La normativa también busca regular el sistema electoral al
proponer en la cláusula 5, “el derecho al voto de todos los trabajadores
universitarios en igualdad de condiciones, para elección de todas las
autoridades, su representación en los organismos de cogobierno y
direcciones, y en la toma de decisiones”.
“Esa es una competencia de la Ley de Universidades que aún no ha sido
promulgada. En la Constitución está definida quienes integran la
comunidad universitaria. Y cualquier decisión pasa por la consulta a la
comunidad, no por la firma de un contrato sin la participación de los
universitarios sino por un grupito”, objetó el presidente de la Apucv,
Víctor Márquez. (Gustavo Méndez, El Universal, 10.06.13)
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